La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó el proyecto de ley de que establece la igualdad de género para las listas de candidatos a cargos públicos, ministros y secretarios de Estado. La iniciativa también abarca al Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, consejos, colegios, asociaciones profesionales, organismos, entes estatales y partidos políticos. Tras su aprobación en la Cámara baja con modificaciones y mejoras, el proyecto fue convertido en ley por el Senado que le dio sanción definitiva.

“Este es un día histórico para la democracia santafesina y argentina”, afirmó la diputada Lionela Cattalini (FPCyS-Socialistas), tras la aprobación que ubica a Santa Fe junto a otras quince provincias del país que ya tienen su ley.

“Ninguna conquista ha sido fácil ni rápida para las mujeres”, sostuvo la legisladora al hablar en la sesión y recordó el antecedente la ley nacional N°24.012/91 de Cupo Femenino, que determinó que al menos el 30% de las listas de candidatos que presentan los partidos en las elecciones estuviera ocupado por mujeres. También mencionó la ley nacional N°27.412/17 de Paridad de Género, que estableció que las listas de candidatos al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben intercalar a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.

La norma aprobada garantiza la participación equitativa de hombres y mujeres para acceder a cargos públicos. A tal fin, establece que la conformación de las listas de personas precandidatas y las alianzas electorales que presenten los partidos políticos para elecciones provinciales, municipales, comunales y de convencionales constituyentes de la provincia de Santa Fe deberá contener un 50 por ciento de cada género, ubicando de manera intercalada y consecutiva a mujeres y varones desde la primera candidatura hasta la última.

La ley extiende la paridad de género a los ámbitos de participación política partidaria, los cargos políticos en ministerios y secretarías de estado del Poder Ejecutivo, entidades autárquicas, organismos descentralizados, empresas del estado provincial, sociedades del estado provincial, sociedades anónimas con participación estatal provincial mayoritaria, sociedades de economía mixta, en todo otro ente público provincial, cualquiera fuere su forma u origen, y en los consejos, asociaciones y colegios profesionales.

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